Tras años de dificultades agravadas por la pandemia de COVID-19, Paul, un inquilino de 58 años que vivía en una vivienda de un dormitorio con alquiler controlado en Valley Village, se enfrentaba a una crisis cada vez mayor. Un divorcio devastador, el empeoramiento de su diabetes, que le provocó daños irreversibles en los nervios, y la imposibilidad de trabajar le dejaron con una deuda de más de 16 000 dólares en concepto de alquiler. Las múltiples notificaciones de desahucio por impago le obligaron a buscar recursos gratuitos para evitar el desahucio. Gracias al asesoramiento previo sobre los derechos de los inquilinos, respondió rápidamente y negoció un plan de pago con su arrendador. Aun así, la carga de la deuda le pesaba y dominaba sus pensamientos mañana y noche.

Los hogares elegibles tenían un alquiler mensual medio de 1793 dólares y un atraso en el pago del alquiler de 20 849 dólares como media a raíz de la pandemia de COVID-19. Los participantes en el programa ULA ISP reciben evaluaciones gratuitas de prestaciones y consultas fiscales a través de la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles (LAFLA), lo que garantiza que dispongan de la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre la participación en el programa. Los servicios jurídicos se prestan de forma gratuita gracias a la colaboración entre LAHD, LAFLA y Change Well Project, con el apoyo de United Way of Greater Los Angeles.